Publicado en: Revista Pulso. No. 119. 19 agosto 1969. Buenos Aires, Argentina.

INTERESES EN PUGNA.

Algunas cláusulas del Pacto Andino parecen no guardar relación con el espíritu del  Tratado de Montevideo. Su aprobación en el ámbito de la ALALC despertó las inquie­tudes en los productores locales. La integra­ción latinoamericana sigue en el sinuoso camino de las indefiniciones.

Los intentos de integración que los países del Pacífico han comenzado a esbozar a través del Acuerdo de Integración Subregional Andino sembraron en los secto­res privados nacionales algunas inquietudes, en lo que atañe a su compatibilidad con los tratados de la ALALC. Enfocado el problema desde el punto de vista argentino, el juicio que puede emitirse respecto al Acuerdo suscrip­to en Bogotá el 25 de Mayo pasado no es muy alentador. En menor medida lo es la posterior aprobación -9 de Julio- del Comité de la ALALC, que calificó al Pacto Andino de compatible con el Tratado de Montevideo. Muchas son las dudas y conjeturas que actualmente rondan el ambiente económico.

Los aspectos discutibles.

Los deseos de colaboración con Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú puestos de manifiesto por el Comité Ejecutivo Permanente y por el gobierno argen­tino con la aprobación de los términos y la compatibili­dad del Acuerdo obedecen presumiblemente a razones políticas. Pero la preocupación existente en los sectores económicos locales no puede atenuarse con esos deseos de colaboración.

El doctor Alfredo Concepción, presidente de la Comi­sión Comercio Exterior, de la Confederación General Económica, resume esas inquietudes:

  • el Acuerdo establece en el Capítulo V un “Progra­ma de Liberación”, cuyo artículo 47 faculta a la subregión a determinar “los productos que serán reservados para programas sectoriales de desarrollo industrial’ dando un plazo hasta el 31 de diciembre de 1973 para la aprobación “de programas sectoriales de desarrollo in­dustrial con relación a los productos que hayan sido reservados” y más adelante expresa que si se “encuentra posible proponer programas con respecto a productos reservados pero aún no incluidos en los programas ya adoptados, el plazo en mención se entenderá prorrogado hasta el 31 de diciembre de 1975”. Esto significa una reducción muy importante y prácticamente ilimitada de productos potencialmente susceptibles de negociación en la ALALC y, lo que es mucho más grave, por un período que abarca hasta 1975.
  • el Capítulo VI del Acuerdo establece la aplicación de un arancel externo común. Se entiende que un, arancel para los países ajenos a la subregión. En este caso no está claramente definida la actitud a adoptar en el caso que su implantación altere los márgenes de prefe­rencia ya establecidos en las anteriores negociaciones de ALALC de Listas Nacionales.

3) el Capítulo VII habla del “Régimen Agropecuario” en cuyo artículo 69 inciso d) dice “(será objetivo) la sustitución de las importaciones y la diversificación y el aumento de las exportaciones”; mientras que en el inciso e) agrega “y el abastecimiento oportuno y adecuado del mercado subregional”. No deja aquí una clara constancia de que la sustitución subregional de las importaciones podría ser contraria al régimen de la nación más favore­cida enunciada en el Tratado de Montevideo, lo que solo sería aceptable en caso que esas importaciones procedan de extrazona y no de los demás países de la ALALC. Por otra parte el inciso b) del mismo artículo, que establece el “incremento de la producción y la productividad”, puede llevar al incremento de producciones antieconó­micas, lo que desarticularía las producciones habituales de los países de la ALALC.

4) el establecimiento de las normas de origen está contemplado en el Capítulo X cuando este aspecto tendría que ser una facultad solo reservada para la ALALC, ya que las dictadas por la subregión podrían ser menos severas que las ya establecidas. De esta forma estaríamos retrocediendo en esta materia en lugar de lograr sucesivos avances.

Los antecedentes.

El 25 de mayo pasado se suscribía en Bogotá, Colom­bia, el Acuerdo de Integración Subregional Andino. Se concretaban de esta forma los ingentes esfuerzos que venían realizando Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Ecua­dor para acelerar sus procesos de integración en el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Eran motivos más que suficientes los permanentes saldos negativos de sus balanzas comerciales frente al resto de los países latinoamericanos firmantes del Tratado de Montevideo, y sobre todo frente a la significativa parti­cipación de México, Brasil y la Argentina dentro de la Zona. Entre otras, éstas fueron las razones que impulsa­ron a los citados países a agruparse bajo un Acuerdo que les permitiera explorar nuevos caminos de avance en su integración.

El 16 de agosto de 1966 se reunían, también en Bogotá, los representantes de los gobiernos de Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela para firmar una Decla­ración en la que se ponía especial énfasis en los proble­mas de la integración económica por la que estaban atravesando, y particularmente se hacía hincapié en el tratamiento que debía darse a los países de mercado insuficiente y de menor desarrollo económico relativo, características bastante comunes a los cinco países, como medio indispensable para alcanzar un desarrollo armónico y equilibrado

Otras proposiciones más concretas se fueron enun­ciando durante las sucesivas reuniones de lo que se llamó el Grupo Andino: la coordinación de asistencia técnica, la complementación industrial en el sector de los productos químicos, la posible creación de empresas multina­cionales, el establecimiento de una línea aérea de carga (propuesta por Colombia), y otras.

Pero una fue, indudablemente, la de mayor impor­tancia: la creación de la Corporación Andina de Fo­mento a principios de febrero de 1968. Esta entidad, con sede en Caracas, pasó a ser la encargada de impulsar el proceso de integración subregional, de orientar una especialización nacional mediante una equitativa distri­bución de las inversiones dentro del área, impulsando el aprovechamiento de las oportunidades y recursos que ofrezca su área de acción mediante la creación de empresas.

Venezuela se va del Grupo

Posiblemente haya sido el aporte financiero a la Corporación Andina de Fomento lo que decidió a la poderosa FEDECAMARAS venezolana a presionar ante su gobierno para que retire su adhesión al Grupo An­dino.

El capital inicial de la Corporación estaría formado por más de 50 millones de dólares constituido por acciones destinadas a los gobiernos miembros, a las instituciones privadas y autónomas dentro de la subregión y a inversionistas privados extra subregionales.

De este total, Venezuela debía contribuir con el 40%, Colombia y Chile con el 20% cada una, Perú con el 16% y Ecuador con el 4%.

Esto llevó a que el organismo que representa los intereses de la iniciativa privada venezolana manifestara no estar dispuesto a constituirse en la financiera del Grupo, pues a su juicio: 1) los acuerdos sobre la eliminación de las barreras aduaneras para todos los productos que se originen en la subregión significaba en la práctica que en los otros países, por los bajos costos de producción, mano de obra e insumos, se instalarían importantes industrias que inundarían el mer­cado venezolano de productos frente a los cuales no podría competir la industria nacional; 2) una vez en funcionamiento los mecanismos de integración, sería muy difícil contener el “contagio” de la ola inflacionista que padecen algunos países de la subregión, como por ejemplo Chile; 3) Venezuela tenía poco que ganar en el acuerdo.

El impulso definitivo.

Mientras esto ocurría, el “programa de acción inme­diata” de la Declaración de Bogotá esperaba la reunión de los presidentes de América, congregados en Punta del Este en abril de 1967, en la que se declara la aceptación de la idea de acuerdos subregionales sin que sus trata­mientos preferenciales se extiendan a los demás países de la Zona. Era el espaldarazo que el Grupo necesitaba. Entre fines de agosto y principios de setiembre de ese mismo año, los cancilleres de ALALC, reunidos en Asunción, rubricaron la decisión de los presidentes con la aprobación de la Resolución 202, en la que se encomienda a la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo la elaboración de normas para la concertación de Acuerdos Subregionales que serán abiertos al ingreso de los demás países y que deberán concertarse por un período determinado; y la Resolución 203 en la que se aprobaron las bases propues­tas por el Grupo Andino para celebrar un Acuerdo Subregional. Posteriormente, en el VII Período de Se­siones Ordinarias, la Conferencia dio cumplimiento a la Resolución 202 dictando la Resolución 222 que esta­blece las normas a que deben sujetarse dichos acuerdos. Ante estas alternativas, Bolivia ingresa al Grupo Andino para cubrir el vacío que más adelante dejaría Venezuela, cediendo así a las presiones de la FEDECAMARAS, acusada en su propio país, por industriales y econo­mistas, de responder a intereses de industrias tradicio­nales y poco dinámica

La presentación ante ALALC.

El Acuerdo tiene muchos puntos oscuros, imprecisos y hasta en algunos casos omite datos muy importantes violando incluso expresas disposiciones, como la Resolu­ción 202 sobre la determinación del período de su vigencia. La falta de tiempo para aclarar todos estos aspectos llevó a que en sucesivas reuniones del Comité se consultara al coordinador Valencia Jaramillo sobre ellos. Pero las respuestas poco aclararon la imprecisión, pese a lo cual el artículo 2 de la Resolución 179 establece que “a los efectos de la presente declaración de compatibili­dad, la exposición y aclaraciones formuladas por el coordinador de la Comisión Mixta de la Declaración de Bogotá (Valencia Jaramillo) en nombre de los países firmantes del Acuerdo de Integración Subregional y refrendadas por los representantes de dichos países, forman parte de la presente resolución”.

Es así como junto a todos estos antecedentes es presentado ante el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, el Acuerdo de Integración Subregional. Fue el 10 de junio y lo hizo el embajador Jorge Valencia Jaramillo, colombiano, coordinador de la Comisión Mixta del Grupo Andino, el órgano de mayor jerarquía. Solo había un mes de plazo para expedirse sobre su aproba­ción o rechazo. Inmediatamente los plenipotenciarios de los países miembros comenzaron a enviar cables a sus respectivos gobiernos con el texto del Acuerdo y solici­tando instrucciones. Después de algunos cabildeos, el 9 de julio, el Comité de la ALALC dictó la resolución 179 por la que se declara compatible al Acuerdo Subregional con el Tratado de Montevideo. Evidentemente no era así.

La Argentina se mostró oficialmente satisfecha con el Acuerdo. El embajador ante la ALALC, Aníbal Silva Carretón, expresó su más amplia conformidad. Pero la posición del sector privado argentino es sumamente prudente y expectante.

La Feria de Osaka.

Queda ahora aguardar si los países firmantes del Acuerdo respetarán el espíritu del Tratado de Montevi­deo a pesar de que la letra lo excede y, hasta en algunos casos, lo contraría. Queda todavía una gran incógnita que puede ser develada durante el trascurso de la IX Conferencia de ALALC: ¿negociarán individualmente o como bloque? Por de pronto, el Grupo Andino se reunirá bajo un solo pabellón en la Feria de Osaka, Japón, que tendrá lugar a mediados de 1970. A.

Buenos Aires, Argentina. Agosto 1969.