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Compendio Mensual. No. 15, pag 43. Septiembre 1993. Buenos Aires, Argentina.


Este año, las inversiones en infraestructura continuara liderando la actividad de la construcción en busca de dar un respaldo sólido al desarrollo económico de Chile.

Recientemente el ex-presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), el dirigente empresario Hernán Briones, se refirió al comportamiento de algunos índices que muestran una desaceleración en el excelente ritmo de la economía chilena de los últimos años. En alusión a los distintos calificativos de la escala zoológica con que habitualmente es comparado Chile (jaguar, tigre, gato para el Presidente del Banco Central, dragón últimamente), Briones prefirió declarar que se trata de un “tigre con la pata coja”. Pero posiblemente la cojera del tigre no se deba tanto a la ubicación del proceso de Chile en un punto descendente de la natural y lógica curva del ciclo económico sino que podría aludir al déficit de infraestructura que constituye un grave obstáculo para el desarrollo del país.

Para éste año fueron presupuestados unos 830 millones de dólares, principalmente para la construcción y reparación de caminos, puertos, obras sanitarias y agua potable que casi duplican los 440 millones de dólares invertidos en 1990.

La opinión de Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, ministro de Obras Públicas de Chile, es que el déficit en infraestructura aún es enorme. Así lo reconocen también todos los precandidatos presidenciales de los próximos comicios electorales de diciembre próximo. El pasado 29 de julio, Eduardo Freí, uno de los más destacados, expresó que “contar con una infraestructura suficiente y moderna es un requisito esencial para ganar la batalla de la competitividad y así asegurar el crecimiento económico”.

Para superar ese déficit, la inversión en infraestructura debe crecer más rápido que el PBN. Las cifras que se manejan en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) son de 50.000 millones de dólares en los próximos 20 años si es que Chile quiere ser un país desarrollado. Esto equivale a un año de PBN y debería ser repartido en esos 20 años.

Debe considerarse que el impacto macroeconómico de las inversiones en infraestructura, cuando la rentabilidad de los proyectos es óptima, es altamente positivo. Sus efectos no son significativos frente al tipo de cambio real, la inflación o la tasa de interés. Además pueden ser mitigados si se financian internamente. O aún mejor, si se financian con una adecuada reducción del gasto público.

Por otra parte, el resultado negativo de una infraestructura inadecuada a las exigencias del desarrollo de las actividades económicas y comerciales de Chile es considerable. Basta mencionar que en 1990 se alcanzaron los volúmenes de carga en los puertos que la empresa portuaria estatal Emporchi tenía proyectadas para el año 2000. Sólo en el Puerto de San Vicente se están perdiendo casi 5 millones de dólares anuales en concepto de mayor tiempo de espera de los barcos.

La infraestructura vial se encuentra en niveles similares a los de 1970 siendo que el parque automotor se ha cuadruplicado. Existe en Chile una red caminera de 80.000 km. y en la actualidad sólo el 15% está pavimentado. Para pavimentar sólo el 50% del total debería avanzarse a razón de 1.400 km. al año durante 20 años. La realidad actual es que durante 1993 se pavimentarán apenas 600 km., aunque tres veces más que los 200 km. de 1990.

Por su parte, la poderosa Sociedad Nacional de Agricultura estima que por el deterioro de la red vial actual (baches, ambos caminos) se pierden anualmente 350 millones de dólares. Esto es debido a los mayores gastos de combustible, reparación de vehículos, fletes y demoras en el traslado de la producción, en fruta que debe ser desechada por el mal estado o producto de problemas generados en el transporte.

Coincidente con lo expuesto, la CEPAL indico que los mayores costos de transporte originados por el mal estado de los caminos afecta al 3 o 4% del producto sectorial, es decir, 1.000 millones de dólares. Evidentemente, la productividad y competitividad del sector exportador dependen, en buena medida, de la infraestructura del transporte y las comunicaciones disponibles.

El sector privado chileno está solicitando una mayor participación en la provisión de infraestructura, ya sea por medio del sistema de concesiones o por la privatización de empresas de servicios. Con ello se espera atraer mayores recursos privados, introducir mayores niveles de eficien¬cia en la gestión e incrementar la productividad.

Frente a ésta situación, también la Cámara Chilena de la Construcción plantea la necesidad de abrir nuevos espacios para la inversión privada, especialmente en el sector portuario y sanitario. En el área de la infraestructura existen proyectos que son aún más rentables que muchos privados. Pero el Estado no ha podido abordarlos por escasez de recursos. Estos casos constituyen una buena oportunidad para canalizar recursos de inversionistas institucionales como son, por ejemplo, los de las Administradoras de Fondos de Pensión.

Se calcula que los privados concretarán en 1993 inversiones por 113 millones de dolares. Si bien todavía es una cifra reducida, tiene proyecciones de constante crecimiento. Hay indicios que esa cifra podría llegar a 140 millones de dólares el año próximo. Hay proyectos privados para la construcción de terminales de carga aérea en Iquique y Puerto Montt, obras viales en la VIII Región (el Camino de la Madera), la cuesta La Dormida, la ruta Valparaíso-Algarrobo, la autopista Santiago-San Antonio y otros.

El sistema de concesiones opera de acuerdo al DFL N* 164/91 del MOP y reglamentado por el Decreto Supremo N* 240/92, también del MOP y que facilita a los particulares para emprender obras de servicio público previamente definidas por el MOP. Mediante éste instrumento se espera que para el período 1992-1995 el sector privado pueda adjudicarse distintas licitaciones e invertir unos 780 millones de dólares en túneles, caminos, autopistas, doble calzadas, vías urbanas, edificios, terminales de pasajeros y de cargas proyectadas por el MOP.

Frente a este panorama, un número importante y calificado de empresas argentinas se encuentran instaladas en Chile, participando activamente en distintos proyectos e intentan incrementar dicha participación. Techint S.A., SADE S.A., José Cartellone Construcciones S.A., Benito Roggio e Hijos, Francisco Paolini Construcciones S.A, Burgwardt, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Astori Estructuras, son algunas de ellas. A.


Santiago, Chile. Septiembre 1993.

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