La política y la economía están en un claro enfrentamiento haciendo que el Estado de bienestar llegue a un punto crítico provocado por acciones de gobierno que ponen en peligro la estabilidad social. 
El Estado de bienestar, en una economía de mercado, es un concepto de gobierno en el cual el Estado cumple un papel fundamental en la promoción y protección del bienestar económico y social de la población. Se basa en los principios de igualdad de oportunidades, la búsqueda de una distribución más equitativa de la riqueza y un sector publico comprometido con programas para la educación, la salud, el seguro de desempleo, la jubilación, la asistencia a los discapacitados, entre otros. Se instrumenta a través de un sistema impositivo progresivo con finalidad redistributiva.

En este sentido, podemos resumir que a nivel del pensamiento político contemporáneo se entiende que el Estado de bienestar surge durante la gran depresión de la década de 1930 y estuvo motivado por el deseo de satisfacer las necesidades básicas de la población y promover la equidad en el marco de una economía de mercado con políticas keynesianas.
El periodista Robert Samuelson resalta con acierto que un Estado de bienestar exitoso requiere condiciones económicas y demográficas favorables para que pueda solventar el costo de los beneficios que éste ofrece. Esas condiciones suponen que la economía debe crecer en igual o mayor proporción que la población. Pero en las últimas décadas ambas condiciones mostraron un comportamiento opuesto.
Como ejemplo Samuelson destaca que en las décadas de 1950 y 1960 las tasas de crecimiento de las economías desarrolladas fueron aproximadamente del 4.5% anual. Sin embargo, entre 1973 y 2000 fueron del 2.1%, similar a la tendencia histórica desde 1820.
En cuanto a la demografía, en el año 2000 para los 27 países de la Unión Europea un 16% de la población tenía más de 65 años de edad. Diez años después este grupo humano llegó a representar el 18% previéndose que para 2050 será del 29%. Para Estados Unidos en el año 2010 la población mayor de 65 años era de 13% del total y para el año 2050 se proyecta en un 20%.
Resulta significativo que la actual crisis económica y financiera que afecta a los países desarrollados ha puesto en evidencia que sus gobiernos ya no están en condiciones de sostener a largo plazo un Estado de bienestar como se conoce hasta el presente. Las políticas seguidas en las últimas décadas fueron reduciendo el ritmo de crecimiento de las economías mientras que aumentaba el porcentaje de la población que recibía dichos beneficios.
Según Robert Skidelsky, profesor inglés de economía y autor de una importante biografía de John M. Keynes, la actual contracción y recesión de las economías desarrolladas ocurre porque el sector privado está gastando menos de lo que venía haciendo anteriormente. Esto resulta en una caída de su ingreso ya que el gasto de una empresa o familia representa el ingreso de otra. Frente a esta situación, los déficit a nivel del gobierno aumentan porque caen los ingresos fiscales y crecen los gastos por seguro de desempleo y otros beneficios. Por otra parte, beneficios tales como el seguro de desempleo, bonos alimenticios y otros pueden considerarse como estabilizadores automáticos ya que compensan, en parte, la caída en el gasto del sector privado.
Ahora los políticos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, se ven forzados a reducir los déficit de presupuesto con lo cual tendrán que aumentar los ingresos fiscales o recortar los gastos o una combinación de ambos. En cualquiera de estos casos los niveles de beneficios que viene ofreciendo el Estado se van a ver afectados.
Las consecuencias sociales de estas medidas son impredecibles ya que las expectativas de la población no cambian respecto a los beneficios que esperan recibir, para los cuales han contribuido y programado sus vidas. Esta situación llevará a un descontento social que repercutirá no solamente en los mercados financieros sino que se reflejará también a nivel político afectando la estabilidad de los gobiernos, como ya se ha visto con los cambios en Grecia e Italia y la pérdida de las elecciones del partido en el poder en España.
Dado los graves desafíos que enfrentan los países de la Unión Europea y Estados Unidos, la gran duda es si podrán generar los consensos necesarios, tanto a nivel de cada país como a nivel multilateral, para hacer frente a los costos, cada más elevados, de sus actuales contratos sociales. Este es en definitiva el problema central al que deben hacer frente los políticos, gobernantes y los ciudadanos: qué reformas al contrato social y, en consecuencia, qué modelo de crecimiento económico están dispuestos a aceptar para hacer viable la continuidad del progreso de sus respectivos países. A.
Virginia, Estados Unidos. Marzo 2012.

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