20 diciembre, 2010

Integracion, una encrucijada.

Publicado en:
Revista Pulso No. 135. pag. 18 y 19. 09 diciembre 1969. Buenos Aires, Argentina.

 

Un inconveniente compás de esfera se abrió en la última semana dé conferencia de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, al supeditarse la prosecución de las negociaciones anuales a la aprobación del proyecto de protocolo modificativo del Tratado de Montevideo.
La lista de ofertas argentina contiene fundamental¬mente concesiones de depravación otorgadas por los empresarios privados y son fruto de las reuniones sectoriales celebradas durante el trascurso del año en Montevideo. Esta vez, las expectativas creadas por el debut del Grupo Andino en la IX rueda de negociaciones restó fuerza a la posición negociadora de la Argentina. El panorama se complicó cuando algunos productos eran de competencia de varios sectores. Cómo ejemplo de ello se encuentran los intereses opuestos que sobre productos comunes tenían el .sector químico, el químico farmacéutico y el jabonero. Tal el caso de la lanolina y los aceites esenciales. Estos productos “conflictivos” son de difícil inclusión en las mesas de negociaciones a pesar de ser productos no tradicionales y que tienen importancia en el comercio intrazonal.

Un aspecto positivo de esta reunión parece ser los contactos de los delegados privados latinoamericanos con la poderosa y conservadora Fedecamaras venezolana, entidad que agrupa a los empresarios e industriales de Venezuela. La Fedecamaras es la principal opositora de la participación de ese país en la ALALC y principal obstáculo que debió vencer el gobierno de Raúl Leoni para firmar su adhesión al Tratado de Montevideo. Venezuela ofreció su capital como sede de las negocia¬ciones de 1969 con el fin de debilitar la posición adversa del sector privado confiando para ello en la capacidad de persuasión de los empresarios latinoamericanos.

Entre ambos océanos.

Sin embargo las dificultades de la IX reunión anual se encuentra en las firmes actitudes asumidas por el Grupo Andino. La unión de los cuatro países del Pacífico y de Bolivia con miras a equilibrar su deficitaria balanza comercial frente al resto de la zona tiene razones de peso. En opinión del doctor Abraham Scheps, tradicional delegado privado argentino a las conferencias de la ALALC, la postura andina es la lógica respuesta a la falta de comprensión. del resto de los países de América. “Cabría preguntarse -manifestó el doctor Scheps a PULSO- si no existe culpa común en esa posición del Grupo Andino por la falta de visión de algunos sectores, incluso empresarios, de negarse cerradamente a otorgar concesiones que abrirían cauces a la colocación de la producción de los países oferentes”.

Mientras tanto la reforma del Tratado de Montevideo, está definitivamente encarada ante los sucesivos fracasos de concretar el segundo tramo de la lista común. La imposibilidad de reunir un nuevo 25% de productos depravados para 1973 permitió tomar conciencia de la magnitud del problema.

El presidente de Venezuela, Rafael Caldera, inició recientemente oportunas gestiones personales entre sus pares latinoamericanos con la intención de arrancar a la IX Conferencia de la ALALC de un peligroso impasse que comprometía seriamente el futuro de la integración.

El Grupo Andino plasmó su firme opinión en algunos artículos del citado proyecto y que ahora es motivo de serias divergencias con las propuestas que sustentan el resto de los países. Las cinco naciones insisten en avanzar más rápidamente en el proceso de integración, reduciendo etapas y avanzando a muy corto plazo hacia la formación de un mercado común. De esta manera Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú pretenden lograr un desarrollo equilibrado y armónico de la región. En cambio la Argentina, Brasil, México y los denomi¬nados países “no alineados” -Paraguay, Uruguay y Venezuela- adoptan una postura más realista: reclaman un período de tiempo adecuado para cada una de las etapas de la integración. Concuerdan en que previo a la instalación del mercado común es preciso consolidar una zona de libre comercio sobre bases firmes. ¿Cómo propender a la creación de un mercado común cuando aún, después de 8 conferencias, no se ha logrado reducir a un 50% la media ponderada de los gravámenes a terceros países?

El protocolo en discordia.

El proyecto de protocolo propone la ampliación del período de transición para el establecimiento de una zona de libre comercio hasta el 31 de diciembre de 1980. Para esa fecha -la carta magna vigente fija a 1972 como límite para cumplir esta etapa-, los productos elaborados en la zona deberán circular libres de gravámenes a través de las fronteras latinoamericanas. Así está estable¬cido en el artículo primero del proyecto y en este punto existe complacencia de los once países miembros. Los artículos tercero, sexto y séptimo, en cambio, han abierto una profunda brecha entre los gobiernos del Atlántico y el Grupo Andino. Estas divergencias se basan fundamentalmente en los distintos criterios que sobre integración mantienen ambos bloques. El artículo 3o. dispone que el Comité Ejecutivo Permanente de, la Asociación redacte antes del 31 de diciembre de 1973 los estudios necesarios para que las partes contratantes estén en condiciones de adoptar un año más tarde las decisiones pertinentes para alcanzar la formación de un mercado común a la finalización del período de transición. El Grupo Andino hizo suyo este artículo mientras que los demás países proponen la necesidad de un plazo razonable para realizar los estudios de la nueva etapa teniendo en cuenta que por el primer artículo se prorroga ocho años más para la puesta en marcha del nuevo mercado.
Las objeciones a los artículos 6o. y 7o. parecen irreconciliables a tal punto que ambos contienen dos fórmulas, A y B, qué reflejan la posición de los bloques.
El artículo 6o. propone la modificación del porcentaje de desgravación de los productos que se van incorporando a las listas nacionales. El Tratado de Montevideo establece una reducción anual del 8% de la media ponderada de los gravámenes a la importación que se aplican a terceros países, con el propósito de liberar totalmente la circulación de la producción zonal para 1973. Al extenderse dicho plazo hasta 1980 el compro¬miso de eliminación gradual de las barreras aduaneras alcanzaría un nivel del 2,9% anual.
La fórmula A, sustentada por los países del Atlántico propone este procedimiento. El Grupo Andino pretende sujetar estas negociaciones a futuras normas que se dictarán a más tardar para 1974. Evidentemente, esta última propuesta, fórmula B, pretende ligar las negociaciones de listas nacionales a normas a las cuales nadie conoce y que significarían una reducción, o paralización, de las ofertas que realizan los sectores privados de todos los países ante el desconocimiento de las implicaciones que pueden alcanzar las concesiones otorgadas. Esta posición del Grupo Andino está íntimamente ligada al Capítulo V del Acuerdo Subregional, cuyo artículo 47 faculta a la subzona a determinar “los productos que serán reservados para programas sectoriales de desarrollo industrial”, dando plazo hasta el 31 de diciembre de 1973 para la aprobación “de programas sectoriales de desarrollo industrial con relación a los productos que hayan sido reservados”-. Esto significa una reducción muy importante y prácticamente ilimitada de los productos potencialmente susceptibles de negociación en la ALALC, la misma que se propone ahora en el artículo 6o. acorde con lo establecido en su carta orgánica.
El artículo 7o. plantea otro motivo de discordia. La fórmula A, apoyada por el Grupo Andino propone la puesta en vigencia del primer tramo de lista común, productos liberados de gravámenes de importación, para 1973 -tal como está establecido en el Tratado de Montevideo-. En tanto, la fórmula B, que representa los intereses de Brasil, la Argentina, México, Paraguay y Uruguay, propone liberar los productos incluidos en la lista común en oportunidad en que se acuerde establecer las nuevas normas de compromisos que se dictara en 1974.
Las razones son las siguientes: la lista común debe interpretarse como un todo y no integrada por cuatro tramos que resultan completamente independientes. En el primer 25% acordado en 1964, la Argentina brindó su apoyo a productos que no eran de su total interés considerando que durante el trascurso de las sucesivas negociaciones se incluirían productos capitales para el desarrollo de su comercio, esencialmente productos agropecuarios. La paralización de la lista común en su primer tramo no permite compensar las concesiones otorgadas en oportunidad del primer acuerdo.
Buenas intenciones para la integración.
Las posiciones parecían haberse afirmado detrás de cada una de las fórmulas enunciadas. En los pasillos del Círculo Militar de Caracas, ocasional sede de la conferencia de la ALALC, comenzó a circular un nuevo proyecto de modificación que adoptaría una postura conciliadora entre ambos grupos. Parece contener en esencia un artículo 3o. algo suavizado y algunas variaciones de las fórmulas A del artículo 6o. y B del artículo 7o. Sería la base de la cruzada emprendida por Rafael Caldera entre sus pares latinoamericanos. Dada la importancia de la consulta efectuada por el presidente venezolano y la urgencia de la gestión, Onganía debió atender este tema durante su reciente viajé a Paraguay habiendo dado un total apoyo a la nueva iniciativa.
La actitud del primer mandatario argentino sería indicativa de cambio en la postura oficial respecto de la integración. La participación de la Argentina en la ALALC ha sufrido numerosos altibajos en su conducción política manteniendo una relativa constante en la labor de algunos funcionarios de mediano nivel de distintas dependencias nacionales que confían en la conveniencia de la integración como elemento imprescindible del desarrollo económico.
El comienzo de la Revolución Argentina en este sentido no fue muy feliz. Su primer ministro de Economía, Sálimei, no tuvo en cuenta la importancia que para la Argentina tenía un mercado que absorbía el 24% de su comercio exterior integrado principalmente por productos no tradicionales. Posteriormente las políticas que pretendían lograr primero una integración nacional para luego lanzarse a la integración latinoamericana -“integrarnos para después integrarse”- no comprendió que ambos procesos se encuentran indisolublemente ligados. Finalmente este nuevo cambio de actitud oficial parece haber colocado definitivamente a la Argentina en una postura acorde con la importancia que para el país significa el proceso de integración latinoamericana. A.

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