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– Foro de Reflexión. www.forodereflexion.com.ar 27 septiembre 2010. Rosario, Santa Fe, Argentina.
– Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID). 25 septiembre 2010. Buenos Aires, Argentina.

Con miras a las próximas elecciones de noviembre, la administración Obama enfrenta riesgosas alternativas para superar la crisis actual, expandir el frágil crecimiento económico y reducir el desempleo.

Tal como mencionamos en nuestra nota de Prensa Económica de junio pasado referida a la crisis en el sector financiero, la actual situación presenta “un problema originado a nivel de los gobiernos y su excesiva deuda pública”.

Precisamente, lo que fue la solución en su momento cuando el sector público intervino con sus instrumentos monetarios y fiscales para salvar a los bancos y evitar una posible depresión, es hoy en día la causa de una pérdida de confianza de los inversores. La sospecha de que la incipiente recuperación iniciada en el segundo trimestre de 2009 no será sostenible, esta cada vez más generalizada. Los gobiernos de los países desarrollados no pueden seguir endeudándose indefinidamente para mantener elevados déficits de presupuesto con el fin de reactivar el crecimiento.

En el caso particular de los Estados Unidos el sector consumidor también está fuertemente endeudado y se mantiene una tasa de desempleo de casi el 10%. En estas circunstancias, poco puede esperarse de un impulso de crecimiento proveniente de ese importarte sector de la economía cuya demanda genera el 70% del PBI, pero que en la realidad está dirigida, en una elevada proporción, al consumo de productos importados.

En la actualidad no existe un crecimiento de la inversión ni del consumo a pesar de que las tasas de interés se encuentran en sus niveles históricos más bajos. Lo que resulta paradójico es que desde que comenzó la recuperación en el segundo trimestre del año pasado, las empresas comenzaron a registrar utilidades pero su comportamiento no respondió a los patrones habituales exhibidos históricamente. En aquellas oportunidades, un incremento de esas utilidades expandía la producción y la inversión y estas estimulaban el empleo.

Esta recesión no ha evolucionado de acuerdo a dichos patrones. Robert J. Samuelson, en un artículo publicado en The Washington Post el 26 de julio pasado, considera que ha habido un cambio en la relación entre capital y trabajo ya que el primero se fortaleció y el segundo se debilitó. Naturalmente los ejecutivos buscan aumentar el precio de las acciones de sus empresas a través de la obtención de mayores utilidades. En la actual crisis lo han logrado a través de una reducción de los costos vía la eliminación de puestos de trabajo y han mostrado ser muy reacios a aumentar el número de empleados en la actual fase de recuperación porque tendría un efecto opuesto: reduciría las utilidades si la expansión no se mantiene. Además, no hay que olvidar que los altos ejecutivos de las empresas reciben acciones como bonificaciones. Esto también contribuye a que la estrategia gerencial se concentre en generar mayores utilidades a corto plazo para elevar así el precio de las acciones en el mercado bursátil.

La relación entre capital y trabajo se vio afectada a su vez por el debilitamiento de la influencia de los sindicatos, la disminución del número de afiliados, el aumento de la tercerización de la producción en el exterior, la mayor apertura de las importaciones y el aumento de la inmigración que redujeron fuertemente la capacidad de negociación de los trabajadores estancando el salario real de la última década. Si a ello se agrega la actitud generalizada de las empresas de reducir gastos, acumular liquidez y postergar la contratación de nuevo personal hasta que las ventas aumenten de manera significativa y sostenible, se estaría postergando la recuperación de la economía en su conjunto. Así ha aumentado el temor de los inversionistas y de algunos políticos y funcionarios en el sentido que el crecimiento podría detenerse y la economía volver a caer en un periodo de recesión, la así denominada double dip recession, donde la crisis del euro ha contribuido también a este panorama incierto y desalentador.

Para los responsables de la política oficial, la prioridad es generar un crecimiento económico sostenido que reduzca significativamente la tasa de desempleo. El único instrumento disponible a corto plazo es aumentar el gasto público y así compensar la caída del gasto del sector privado. La paradoja que se presenta en ese escenario es que si el incremento del gasto público será financiando con nueva emisión de deuda, dado los elevados niveles de endeudamiento del sector publico a los que ya se ha llegado, los inversores exigirán tasas de interés más altas para compensar el mayor riesgo de un default o monetización de la deuda.
Si para sostener el crecimiento se busca continuar financiando el aumento del gasto público con un aumento de impuestos, el gobierno de los EE.UU se enfrentará con una fuerte oposición de la mayoría de la población y del sector empresarial que castigarán al partido gobernante en las próximas elecciones de noviembre. Las encuestas anticipadas sobre esas elecciones indican que el oficialismo probablemente pierda numerosos escaños en ambas cámaras del Congreso.

Por otra parte, existe una clara conciencia de que el nivel de deuda total es insostenible a largo plazo y se requieren nuevas acciones para reducirlo. En lo inmediato la reducción del déficit sería inviable porque deprimiría aún más la economía al no quedar compensado por un aumento del gasto del sector privado. La cuestión se plantea entonces a largo plazo, 5 años o más. Una de las opciones sería la reducción del gasto en seguridad social y salud, que se eleve la edad de jubilación o que se aumenten los aportes de los contribuyentes. Como es de imaginar la población se opondría a que se le recorten esos beneficios.

La pregunta entonces es ¿cómo se supera la actual crisis? El presidente Obama ha aprobado recientemente una reforma a la legislación financiera que regula las actividades de los bancos y las instituciones de crédito. Luego de la explosión de la burbuja inmobiliaria y su consecuente crisis hipotecaria que puso en marcha la debacle financiera en el mundo, se generalizaron los reclamos de un cambio de actitud por parte de las autoridades responsables de los controles de la política oficial. A ello se agregó el clamor de los damnificados de que se aprueben nuevas leyes que regulen las acciones de las instituciones y sus agentes y así restablecer la confianza pública.

Queda aun mucho por realizar en materia de política financiera como la implementación de los mecanismos de control y auditoria de las operaciones, la regulación de las garantías y varias reglamentaciones más que deberían modificar los alcances del término liberalismo económico.

La característica más sobresaliente de la opinión política estadounidense en los últimos treinta años ha sido la diferencia ideológica entre aquellos que quieren aumentar el rol del gobierno en la sociedad y aquellos que quieren reducirlo. Es por ello que no resultará fácil llegar a un consenso para estabilizar la deuda pública.

En conclusión, las tres alternativas posibles para reducir la deuda pública son contraer el gasto con la consecuente disminución del crecimiento, un default o un proceso inflacionario que diluya el valor de la deuda. Pero a diferencia de otros países desarrollados, los EE.UU. cuentan con tres ventajas evidentes: 1) es la mayor economía del mundo; 2) tiene la moneda de reserva internacional que recientemente se vio fortalecida frente a la crisis del euro, y 3) tiene el mercado de activos líquidos más importante del mundo: sus bonos de la Tesorería. Lo que está por verse entonces es si se llega a algún grado de consenso entre las principales fuerzas políticas del país sobre la necesidad de adoptar programas que reduzcan el tamaño de la deuda pública a mediano y largo plazo. Esto no será fácil en vista del escenario político actual pero, frente a la seriedad y gravedad del problema, no debería descartarse que en un futuro no muy lejano comience un diálogo constructivo basado en las conclusiones del estudio que está llevando a cabo un grupo bipartidario nombrado por el Presidente Obama, que deberá presentar sus conclusiones a fines del año en curso. A.

Virginia, Estados Unidos. Septiembre 2010.

 

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